Portugal retrasa la facturación electrónica al 2020

En una publicación anterior, os adelantábamos que Portugal implantaba de forma obligatoria el uso de la factura electrónica B2G. En esa entrada, se habla sobre el artículo 299B del Código de Contratación Pública, por el cual a partir del 1 de enero de 2019 comenzaría la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el ámbito B2G.

Sin embargo, según el reciente Decreto Ley 123/2018 del 28 de diciembre de 2018, esta implementación se retrasará hasta abril del año 2020. Este Decreto determina la obligación de las Autoridades Públicas a recibir y procesar las facturas electrónicas.

La ampliación de este plazo viene aplicada debido al nivel de transformación que implica la gestión de la factura electrónica. El Gobierno portugués quiere asegurar la correcta adecuación e implementación del proceso tanto para la Administración Pública como para las empresas, realizando este procedimiento de forma gradual.

Según informan los Servicios Financieros de la Administración Pública, este aplazamiento no significa que no se comience con el proceso de establecimiento de la factura electrónica. La obligatoriedad en el uso de la misma se reparte en los siguientes plazos. Para la Administración Pública:

  • Organismos de la Administración directos con el Estado e Institutos Públicos: 18 de abril de 2019.
  • Fundaciones públicas, administraciones locales, Comunidades Autónomas, entidades administrativas independientes, el Banco de Portugal, asociaciones públicas y otras entidades públicas: 18 de abril de 2020.

En lo referente a los proveedores de la Administración Pública pertenecientes al sector privado, el plazo sería:

  • Grandes empresas: 17 de abril de 2020.
  • Micro, pequeñas y medianas empresas: 31 de diciembre de 2020.

Sin duda, este es un paso más hacia la transformación digital de las empresas, así como de la Administración del país. De esta forma, los procesos administrativos entre ambas lograrán una mayor transparencia y agilidad.

Esta decisión se instaura conforme a la normativa europea de Facturación Electrónica (Directiva Europea 2014/55/UE), unificando así paulatinamente los procesos de los países miembros. La utilización de la factura electrónica facilita el comercio entre países, y permite un ahorro en costes y en tiempo sobre el ciclo de pagos.


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